Multinacionales asechan Selva lacandona

http://www.regenwald.org/pdf/Foro_Montes_Azules.pdf

Los días 21 y 22 de enero de 2010, fueron desalojadas sin previo aviso las comunidades indígenas tseltales Laguna El Suspiro ó El Semental y Laguna San Pedro o San Pedro Guanil, ambas en la Reserva de Biósfera de Montes Azules, Selva Lacandona dentro del municipio de Ocosingo. Montes Azules alberga la quinta parte de la diversidad biológica mexicana.

Según informó el diario La Jornada, el desalojo fue acordado el martes 19 de enero pasado, cuando el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) visitó Chiapas. Horas después, cientos de policías y militares sacaron a unas 20 familias indígenas (unas 120 personas) que habitan la zona. Fuentes gubernamentales, informaron que el operativo realizó en coordinación entre la policías federales, efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como paradójicamente con la presencia de “representantes de Derechos Humanos del estado”, sin especificar. Nuestra interpretación es que el gobierno mexicano utiliza falsos “representantes de derechos humanos” para cometer violaciones de derechos humanos en contra de los indígenas.
Durante ambos operativos las fuerzas policiales se presentaron en varios helicópteros y estuvieron fuertemente armados. Sin mostrar ningún documento oficial ni orden judicial, y en medio de violencia y amenazas contra hombres, ancianos, mujeres y niñas –os, obligaron los pobladores a abandonar sus casas sin permitirles cargar pertenencia alguna, trasladándolos a la ciudad de Palenque. Allí, doce (12) pobladores de Laguna San Pedro Guanil fueron llevadas al ministerio público, para ser interrogados sin apoyo de abogado defensor ni traductor. Al término de la diligencia les hicieron firmar un documento sin conocer el contenido del escrito. Según explicaron, de forma intimidatoria se les insistía en que respondieran a la pregunta: “¿donde tenía la tierrita con siembra de droga?”, argumento con el que evidentemente intentará el gobierno justificar el desalojo a posteriori. Los pobladores reportan que numerosas pertenencias como sus viviendas, ropa y herramientas de trabajo fueron destruidas, los árboles frutales, y cultivos de maíz y frijol derribados y la tienda cooperativa saqueada. Testigos de la región han informado que tras los desalojos, las casas y pertenencias en los poblados fueron quemadas. Hasta el momento no se les ha dado una alternativa de reubicación.
Los desalojos violentos y las reubicaciones forzosas ejercidas con anterioridad casi 40 comunidades, por la administración actual y anteriores, se enmarcan en una política de reordenamiento y de despeje territorial emprendido en la Selva Lacandona, y particularmente en la zona de Montes Azules. Así, el Estado mexicano promueve el despojo social y la incertidumbre jurídica sustentados además en su promoción del enajenamiento de la propiedad original comunitaria a favor de la propiedad privada, lo que implica la pérdida irreversible la función comunitaria de la tierra como fuente de abastecimiento.
Tanto el gobierno federal de México como el gobierno chiapaneco se justifican calificando como “poblados irregulares”, “invasores” y “depredadores” a todos los poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabalesde la Zona Lacandona. Se prevee que los desalojos continuarán. Varios de los poblados que vienen siendo barridos son bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización ambientalista Amigos de la Tierra acusa al gobernador de Chiapas de entregar “la tierra y el territorio de Chiapas al mejor postor”.
Los desalojos se explican bajo la perspectiva de la estrategia global de “despeje y control territorial”, que disfrazada de “espíritu conservacionista para beneficio de la humanidad” (ó como dijera el Secretario de Gobierno: “… por el bien de Chiapas, por el bien de México y por el bien del mundo en materia ecológica”) responde en realidad a los intereses corporativos multinacionales y de la inversión privada en los recursos naturales estratégicos de esta y otras regiones indígenas y campesinas de México y Mesoamérica: biodiversidad, cubierta forestal, agua dulce no contaminada, bellezas escénicas y minerales, todos ellos recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis; Bimbo); farmacéutico (Pharmacia; Baye; Phizer; Sanofi Adventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Co; General Motors; Shell; Federación Internacional Automotriz (FIA)); de embotelladoras (Coca Cola; Nestlé; Pepsi Cola); hoteleras y de falso “ecoturismo” (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo – AMTAVE)), así como minero (CEMEX y el propio PEMEX)), varias de las cuales llevan años con una presencia directa o indirecta en la Selva Lacandona. Al mismo tiempo, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines impulsa para la región Selva de Chiapas, el ambicioso programa de reconversión productiva que incluye programas de expansión del cultivo de palma africana, aspirando a convertir a Chiapas en uno de los mayores productores de agrocombustibles, con todos los impactos que esto conlleva.
En vista de estas amenazas para el auténtico desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, varias organizaciones con presencia en Chiapas han reclamado el cese inmediato de los desalojos y con esa finalidad se organizó para los días 6 y 7 de marzo el “Foro Social de los Montes Azules por la defensa de nuestros derechos a la vida y al territorio” a realizarse en el ejido Candelaria con presencia de delegados internacionales y medios de comunicación.
En esta acción, agradecemos al Grupo B.A.S.T.A. de Münster por su inspiración epistolar.